El ministro de Medio Ambiente de Colombia, Carlos Costa, aseguró que la postura adoptada por Estados Unidos en la última ronda de negociaciones sobre el cambio climático "no fue útil".
En las conversaciones llevadas a principios de mes en Bangkok (Tailandia) la representación de EE.UU. fue ampliamente criticada por proponer un nuevo acuerdo legal para reemplazar el Protocolo de Kyoto de 1997, que establece objetivos internacionales y vinculantes en la reducción de emisiones hasta 2012.
La negociación, de cara a la cumbre de Naciones Unidas que tendrá lugar en Copenhague en diciembre, terminó con profundas divisiones entre los países en desarrollo, que quieren una extensión de Kyoto, y muchas naciones desarrolladas que apoyan un protocolo completamente nuevo.
El G-77 más China, que incluye a Colombia y a la mayoría de los países latinoamericanos, quedaron indignados por la idea de un nuevo acuerdo. China acusó a EE.UU. y otros países industrializados de tratar de "sabotear" el Protocolo de Kyoto.
"Estoy totalmente de acuerdo con eso", le dijo Costa a la BBC. "Pero no me gusta usar un lenguaje muy agresivo. Creo que EE.UU. estaba tratando de asegurarse de que el mundo fuera a empezar de nuevo desde cero, y yo no creo que eso sea útil", agregó.
Extender Kyoto
El ministro aseguró que Colombia preferiría una extensión del Protocolo de Kyoto, pero que está preparada para atender a otras opciones.
También tiene dudas de que algunas de las ofertas actuales de reducción de las emisiones de los países desarrollados sean suficientes. "La Unión Europea está haciendo un buen trabajo", indicó.
No me gusta usar un lenguaje muy agresivo. Creo que EE.UU. estaba tratando de asegurarse de que el mundo fuera a empezar de nuevo desde cero, y yo no creo que eso sea útil
Carlos Costa, ministro de Ambiente de Colombia
"Pero nos preguntamos si Estados Unidos será capaz de presentar una propuesta sólida sobre la mesa sin que la ley sobre el cambio climático sea aprobada por el Congreso de EE.UU", resaltó.
Costa explicó que aunque Colombia es un bajo emisor, es uno de los países en América Latina más vulnerable al futuro impacto del calentamiento global.
El gobierno está particularmente preocupado por el aumento del nivel del mar, el deshielo de los glaciares andinos y la amenaza a los humedales de tierras altas (páramos), que alimentan de agua a Bogotá y otras ciudades.
En marzo de este año, Colombia se unió al lobby de un grupo de países, que son pequeñas islas, en la búsqueda de una mayor reducción de las emisiones de los países desarrollados que la demanda habitual del G-77.
Costa señaló que su país quiere un recorte del 45% para 2020 para incrementar las posibilidades de mantener el calentamiento global hasta 2°C. La mayoría de los países del G-77 piden entre 25% y 40%.
Críticas al gobierno
Aunque muchos han aplaudido la firme posición colombiana, algunas organizaciones no gubernamentales no están a favor de la postura del gobierno del presidente Álvaro Uribe sobre la deforestación, que incluye soluciones de mercado para la preservación de amplias zonas de la selva amazónica.
Financiación internacional
El ministro de Ambiente de Colombia aseguró que su país no está en contra de la fijación de objetivos para la reducción de la deforestación como han hecho Perú y Brasil. Pero dijo que la comunidad internacional debería proporcionar financiación de recursos privados o públicos para complementar el trabajo que, asegura, el gobierno ya está haciendo.
Greenpeace no apoya lo que se conoce como "compensaciones sub-nacionales" por las que empresas en el mundo desarrollado pueden pagar por la protección de bosques en países en desarrollo como una manera de evitar hacer recortes de emisiones.
En un informe publicado la semana pasada titulado "Estafa de carbono", Greenpeace sostuvo que tales planes de compensación son deficientes por varias razones.
A una de ellas la denomina "fuga", donde la deforestación puede ser detenida en una zona, sólo para que sea trasladada a otra.
Sin embargo, Costa resta importancia a las críticas: "En nuestro país, la fuga no es tanto un problema en comparación con otros países. Todavía no tenemos una gran mafia talando los bosques y vendiendo madera".
"Es más un caso de nuestra intervención en las comunidades locales cambiando su comportamiento; no van a desplazarse a otras zonas para talar árboles", agregó.
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