La falta de infraestructuras en algunas regiones dificulta el acceso a banda ancha y eleva su precio.
La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, demandó el acceso a internet de banda ancha para toda la región, durante la sesión inaugural de la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se llevó a cabo en Portugal.
Según Bárcena, la banda ancha fomenta la innovación en la economía de todos los países, por lo que "debe ser un bien público global no gratuito, garantizado por el Estado".
Tras la propuesta, la CEPAL presentó el documento "Innovar para crecer. Desafíos y oportunidades para el desarrollo sostenible e inclusivo en Iberoamérica".
Uno de los responsables de este documento, Mario Cimoli, le dijo a BBC Mundo que "la banda ancha no es una tecnología o un servicio más de telecomunicaciones, sino un elemento central y decisivo que forma parte de un nuevo tipo de "ecosistema" (...) que impacta al conjunto de la sociedad y sectores productivos".
La banda ancha no es una tecnología o un servicio más de telecomunicaciones, sino un elemento central y decisivo que forma parte de un nuevo tipo de “ecosistema” (...) que impacta al conjunto de la sociedad y sectores productivos
Mario Cimoli, CEPAL
La propuesta de la CEPAL no sólo implica reducir el precio de este servicio para los usuarios de internet en los países en vías de desarrollo, también mejorar la velocidad de transmisión de datos.
Esta organización recordó que mientras en los países ricos la suscripción al servicio cuesta unos US$19 mensuales, en los países en desarrollo excede los US$35.
¿Y en Latinoamérica?
Igualmente lamentó que la velocidad en las naciones industrializadas sea de 17 megabites por segundo, mientras que en Latinoamérica es de apenas 2.
"Para los países de América Latina y el Caribe, el escaso desarrollo de infraestructura es un factor limitante para desarrollar el acceso a internet, así como lo es también la situación actual que existe en los mercados de enlaces internacionales relativos al tráfico" de la red, dijo Cimoli.
Además, a diferencia de otras regiones como Europa, en esta zona no se ha adaptado la legislación a un entorno de convergencia, explica Cimoli, lo que podría estar generando también algunas barreras artificiales a la entrada de los mercados de telecomunicaciones, "influyendo esto de alguna forma en los mayores costos de provisión".
La CEPAL demandó "políticas de estado de largo plazo" para implantar banda ancha.
La CEPAL denunció, asimismo, la disparidad sobre los recursos dedicados a la investigación, pues en los países desarrollados el 60% de esa inversión proviene de instituciones privadas y en los de menos recursos ese mismo porcentaje lo aportan los estados y alcanza apenas a un 1% del producto nacional.
La secretaria ejecutiva del organismo demandó "políticas de estado de largo plazo" y un sistema nacional de inversión para apuntar al aumento del empleo.
"La banda ancha debe ser un activo de los Estados", subrayó, aunque agregó que las alianzas público-privadas pueden jugar un importante rol en este proceso.
Un reclamo global
Ésta no es la primera vez que la banda ancha es reclamada como un derecho fundamental de los ciudadanos.
En Finlandia, a mediados de 2010 toda la población tendrá acceso a ese servicio, siendo el primer país que elevó el acceso a internet de alta calidad a nivel de derecho fundamental. El país nórdico ya había dicho que, de cara a 2015, cada ciudadano deberá tener acceso a una conexión de 100 megabytes por segundo.
La inversión en banda ancha puede facilitar y acelerar la solución de problemas sociales. Es más, la superación de muchos de los problemas de educación, salud, etc, en América Latina y el Caribe actualmente depende en buena medida de la masificación del acceso a banda ancha
Mario Cimoli, CEPAL
En otros países, como Francia, al acceso a internet —sin contar la rapidez de la conexión— ya se le había dado el estatus de derecho básico al acceso a internet.
Sin embargo, en países como México hace unos meses todavía se intentó tasar el acceso a internet como un servicio "de lujo". La propuesta generó un movimiento social a través de la red Twitter que impidió el alza del impuesto.
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Para muchos expertos, la razón por la cual el acceso a una conexión de internet veloz se ha convertido en tema de legislación de las naciones como un derecho básico tiene que ver con que para millones de personas se trata de una herramienta fundamental y centro de su vida social.
Sin embargo, otros tantos cuestionan si no se deberían atender primero otras necesidades, como la alimentación o la vivienda, especialmente en países más desfavorecidos.
"La inversión en banda ancha no compite sino complementa y potencia la inversión realizada en esas áreas", explica Mario Cimoli.
"Puede facilitar y acelerar la solución de problemas sociales. Es más, la superación de muchos de los problemas de educación, salud, etc, en América Latina y el Caribe actualmente depende en buena medida de la masificación del acceso a banda ancha".
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